El deber de protección

Diciembre de 2012

"En muchas partes del mundo la lucha en favor de los derechos humanos parece finalizar en el umbral del propio domicilio"
Yakin Ertürk, Informe de 2006 a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas

"…los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia…"
Recomendación General número 19 del Comité CEDAW

En consonancia con los instrumentos internacionales, la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos introduce al texto constitucional la obligación de todas las autoridades de proteger los derechos humanos en el ámbito de sus competencias.

Esta obligación implica que el Estado tiene que hacerse cargo de las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes particulares con la debida diligencia. En el ámbito de la justicia internacional, el incumplimiento de la obligación de impedir, a través de todos los medios razonables y adecuados, las violaciones de derechos humanos perpetradas por particulares, acarrea responsabilidad internacional para el Estado. [1] En este espacio, se reflexiona sobre el alcance de esta obligación en el ámbito de la impartición de justicia y en el caso específico de las órdenes de protección enfocadas a atender la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.

Frente a la inminencia del riesgo en las situaciones de violencia, las órdenes de protección aparecen como una estrategia para evitar daños mayores a la integridad de las mujeres y, en su caso, de las y los hijos. [2] Están contempladas en el capítulo VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y, según su artículo 27, se definen como: “actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.”

Según el artículo 33 de la LGAMVLV, las autoridades jurisdiccionales pueden dictar “medidas similares” a las órdenes de protección. Una de estas medidas puede consistir en la prohibición del agresor de acercarse al domicilio de la víctima y a los lugares que ésta frecuenta. [3]

En vista de este marco jurídico, convendría preguntarse cómo debe actuar quien imparte justicia cuando en un proceso judicial, sea cual sea su naturaleza, tiene noticia de que una mujer es víctima de violencia familiar. Conforme al deber de prevención, ¿debe el órgano judicial actuar de oficio [4] y decretar la medida? ¿Cuál debe ser su vigencia? ¿Qué debe hacer quien imparte justicia si la mujer rompe con la orden emitida en contra de su agresor? Este incumplimiento ¿debe generar consecuencias jurídicas adversas sobre la mujer?

Un estudio de la cuestión pasa por analizar factores relacionados con la desigualdad estructural y el ciclo de la violencia y cómo estos perfilan cada caso individual para imponer al Estado distintos niveles de intervención, con el objetivo de detener las violaciones de derechos humanos y evitar consecuencias más graves o que trasciendan del ámbito de la mujer al de las y los hijos.

Las posturas respecto de la actuación del Estado pueden variar en la medida en que se considera que la autonomía de las mujeres se produce o no, con independencia de la adversidad de las circunstancias. En este sentido, las posturas oscilan entre suponer que la actuación deseable del Estado consiste en dar a conocer la existencia y posibilidad de dictar las medidas, dejando a las mujeres la decisión respecto a su adopción [5]; hasta exigir que quien imparte justicia tome la decisión por ellas, no sólo otorgando, sino forzando el cumplimiento de la medida o, incluso, previendo acciones jurídicas concretas en caso de que las órdenes no sean cumplidas. [6]

En extremo, las posturas parecen excluirse la una a la otra. Sin embargo, es preciso señalar que la diversidad de circunstancias en que la violencia se manifiesta, la complejidad de riesgos que entraña, así como las distintas consecuencias psicológicas y emocionales que desencadena en las víctimas, obligarían a definir las opciones y grados de intervención del Estado caso por caso.

Es claro que la inactividad del Estado no es la respuesta y que la resolución sobre la pertinencia, carácter, vigencia y mecanismos adecuados de cumplimiento debe basarse en la opinión de la víctima y en la valoración de las circunstancias de riesgo. Omitir la valoración sensible y no excluyente de ambos componentes implicaría, por un lado, caracterizar a las mujeres como personas carentes de autonomía, revictimizándolas, o bien permitir que asuman las consecuencias de una conducta ilícita bajo la percepción de que las encuentran aceptables.

Optar por esta última postura supondría desconocer la desigualdad estructural o admitir la concepción de que la violencia familiar pertenece a la esfera privada y de las relaciones personales, las cuales deben permanecer libres de intervención estatal.

¿Cómo saber si se está cumpliendo con el deber de prevención? Dependerá de la debida diligencia con la que el asunto sea atendido. Ciertamente, los complejos fenómenos de la violencia contra las mujeres requieren de un ejercicio de revisión libre de estereotipos sobre cómo debe actuar y reaccionar la víctima, para lo cual, incorporar la perspectiva de igualdad de género resulta indispensable. [7]

Recomendación bibliográfica

Actualización del libro "Derechos Humanos de las Mujeres: Normativa, Interpretaciones y Jurisprudencia Internacional"

El libro, enfocado a los derechos humanos de las mujeres, contiene los instrumentos del sistema universal y regional de protección de los derechos humanos, las recomendaciones y resoluciones de los organismos monitores de los tratados internacionales y sentencias de tribunales internacionales y regionales, emitidos hasta abril de 2010. Este trabajo de actualización lo realizó el Programa de Equidad de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU-Mujeres. La versión electrónica del ejemplar se puede descargar en: www.equidad.scjn.gob.mx

Imagen
Francis Bacon, Triptych, 1983
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