Acciones afirmativas y meritocracia

Diciembre de 2011

Una de las cuestiones más polémicas en el derecho constitucional es la adopción de "medidas especiales de carácter temporal", también llamadas de acción afirmativa o de discriminación inversa. Éstas son normas jurídicas que tienen como fin combatir los procesos históricos de exclusión de ciertos grupos y garantizar su consideración igualitaria en la sociedad.

Apoyados en la afirmación aristotélica de "tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales", quienes las defienden argumentan que el Estado está obligado no sólo a prohibir cualquier forma de discriminación ante la ley en un sentido formal, sino a remover los obstáculos que impiden el logro de una igualdad sustantiva entre las personas. [1] En este sentido, las "medidas especiales de carácter temporal" se materializan a través de políticas de igualación en procesos de selección que favorecen a quienes forman parte de un grupo tradicionalmente discriminado en el acceso a la escuela, al empleo o a servicios de salud, así como en el establecimiento de cuotas reservadas a dichos grupos, como pueden ser espacios garantizados en las universidades y en el registro de candidaturas para puestos de elección popular. [2]

Si bien diversos instrumentos de derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, han reconocido la necesidad de recurrir a acciones afirmativas para remediar situaciones estructurales de desigualdad, [3] existen corrientes de pensamiento que cuestionan su legitimidad. Desde estas posturas se sostiene que estas disposiciones vulneran el principio de tratamiento igualitario y utilizan criterios prohibidos para establecer diferenciaciones en la ley, como son la raza y el sexo. Asimismo, denuncian que las acciones afirmativas no toman en cuenta el mérito de las personas, sino simplemente la pertenencia a un grupo determinado como factor decisivo en la distribución de los beneficios sociales. Lo anterior, afirman, es discriminatorio e injusto.

Al respecto, Iris Marion Young cuestiona la idea hegemónica de que las posiciones sociales deben distribuirse de acuerdo a la capacidad y al mérito de las personas. [4] La politóloga estadounidense cuestiona los criterios de evaluación de quienes deciden quién cuenta con la capacidad y quién tiene el mérito. Afirma que quienes defienden dicha premisa asumen que la división del trabajo es justa siempre y cuando se garantice que ningún grupo recibe privilegios derivados de la lotería natural o de características arbitrarias como la raza o el sexo, sin considerar ningún otro criterio.

La pregunta es ¿pueden existir criterios para medir la capacidad de las personas de manera objetiva e independiente de los valores culturales? Young considera que las evaluaciones sobre el mérito personal no están desprovistas de prejuicios y cuestiona la supuesta neutralidad científica de los métodos cuantitativos y estandarizados. [5] En su opinión, dichos criterios reproducen la experiencia de los grupos privilegiados que son quienes los diseñan e implementan. Asimismo, considera que, a pesar de que se erigen como imparciales, las evaluaciones miden un tipo de inteligencia: aquella que corresponde, precisamente, a la cultura de las personas que evalúan. Así, se recompensa la competitividad, el trabajo individual, la velocidad, el alto nivel de abstracción y determinadas habilidades verbales.

Siguiendo a Michel Foucault, Young concluye que el proceso "normalizador", que pretende encuadrar a todas las personas en una medida común y en una única escala, hace de quienes no se adaptan a ella, y de la diferencia en sí, una desviación o devaluación. [6] De ahí que no resulte extraño que si, en la mayoría de los casos, el estándar de inteligencia está basado en la experiencia del prototipo del hombre blanco, educado formalmente, de clase media y sin discapacidades físicas ni mentales, las habilidades y fortalezas de las mujeres, de las personas indígenas o discapacitadas o de otros grupos desaventajados resulten "mal calificadas".

Si bien la propuesta de Young no pretende eliminar la utilización de criterios y evaluaciones para medir el mérito personal, sí alerta sobre sus limitaciones. El criterio de mérito es, finalmente, una construcción social que se alimenta de una serie de factores sobre la cual las personas no tienen control, tales como el talento o dotación natural, el entorno familiar, la educación recibida y el acceso a los recursos económicos. [7] Por ello, el mérito no puede ni debe ser el único criterio para la distribución de los beneficios sociales. Desde el derecho constitucional, las preguntas que se plantean son: ¿cómo pueden corregirse las desigualdades sin generar nuevas distinciones no razonables o discriminatorias? ¿Cómo "nivelar el terreno" sin afectar otros derechos constitucionales? Las respuestas a estas interrogantes constituyen uno de los mayores retos para los tribunales federales, quienes deben dar pleno sentido al principio de igualdad. [8]

Notas al pie

Boletín Género y Justicia

Boletín No. 23 Mayo 2011