La ley establece los principios y criterios que deben orientar las políticas públicas para reconocer, promover y proteger el derecho a la igualdad y la no discriminación en circunstancias sociales, educativas, económicas, laborales, de salud, culturales o políticas. Cabe destacar que la ley prevé armonizar la legislación local con los tratados internacionales ratificados por México en materia de violencia y discriminación en contra de las mujeres.